Buscan frenar la suba de la luz y prohibir interrupciones del servicio a usuarios morosos

El legislador Walter Berarducci (Compromiso por Tucumán-foto inferior) presentó un proyecto de ley ante la Cámara que busca congelar los incrementos en la tarifa del servicio eléctrico aplicados a la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima (EDET S.A.) y prohibir el corte de suministro a usuarios residenciales, pequeños comercios y medianas demandas hasta el 31 de diciembre de 2026. La medida surge como respuesta prioritaria a la creciente presión financiera que afrontan las familias y los sectores productivos tucumanos, en un escenario caracterizado por un alto nivel de endeudamiento e incremento en la mora de los préstamos, lo que compromete de manera crítica la capacidad de pago de los hogares y la sustentabilidad de los comercios locales.

En su articulado, la propuesta legislativa plantea "suspender, a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2026, la aplicación de los aumentos y/o actualizaciones dispuestos en el Cuadro Tarifario aprobado por Resolución ERSEPT N° 596/26", de manera tal que se restablezca el cuadro tarifario previo. No obstante, la norma aclara que "sólo se admitirán las actualizaciones que correspondan por variaciones de los costos de Generación y Transporte Eléctrico en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)", siempre y cuando no impliquen "un incremento de la incidencia tarifaria final para el usuario".

Para garantizar la continuidad del servicio frente al deterioro socioeconómico, el proyecto contempla "suspender hasta el 31 de diciembre de 2026, para las categorías de usuarios de Pequeñas Demandas Uso Residencial y General y Medianas Demandas, el corte de suministro por facturas impagas". En ese sentido, la iniciativa especifica que el pasivo acumulado "se abonará en hasta seis (6) cuotas iguales y consecutivas, a partir del 1 de enero de 2027", añadiendo un beneficio clave: "esta deuda no generará intereses moratorios ni punitorios".

Respecto al esquema de fiscalización, se encomienda al Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) velar por el cumplimiento de la norma y aplicar sanciones en caso de desvíos "sin afectar la calidad del servicio brindado a los usuarios". Asimismo, para evitar distorsiones, se aclara que quedarán exceptuados "todos aquellos usuarios que la empresa demuestre capacidad de pago y sean verificados y controlados por el ERSEPT", obligando tanto al ente como a la distribuidora EDET S.A. a publicar un instructivo web con el trámite para acceder a los beneficios.

Contexto socioeconómico

En los fundamentos de la medida, Berarducci argumenta que la Resolución ERSEPT N° 596/26 aplica "incrementos progresivos en los cargos por disponibilidad de red, por capacidad de suministro y por energía", afectando directamente a los hogares y comercios de la provincia. Según sostiene el legislador, la iniciativa busca atender "una situación económica extraordinaria, caracterizada por una creciente presión sobre la capacidad de pago", donde nuevos tarifazos solo profundizarían "el deterioro de los indicadores de cumplimiento".

Para dimensionar el escenario, el escrito apela a cifras oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En detalle, advierte que a fines de 2025 "la mora de los préstamos destinados a los hogares alcanzó el 9,3% de la cartera", lo que refleja la vulnerabilidad financiera familiar. Por el lado productivo, el documento señala que "el 74,6% de las MiPyMEs contaba con algún tipo de financiamiento" alcanzando un máximo histórico en saldos, lo que demuestra que "el incremento de las obligaciones financieras no constituye un fenómeno aislado, sino que se desarrolla en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos disponibles".

Frente a esta coyuntura, la fundamentación remarca que "el Gobierno de la Provincia de Tucumán debe adoptar una actitud activa", comprendiendo que la electricidad es un insumo indispensable para la vida diaria y la producción, por lo que las tarifas "no pueden ser consideradas exclusivamente desde una perspectiva económica o financiera". Asimismo, Berarducci matiza que "la intervención propiciada no pretende desconocer la estructura de costos del sistema ni afectar la sustentabilidad de la empresa prestataria", sino brindar "una medida de carácter transitorio y excepcional" para evitar que la suba devenga en la corte del servicio.

Antecedentes legislativos locales y en otras provincias

Como respaldo de la iniciativa, el proyecto menciona que la Legislatura tucumana ya aplicó un mecanismo idéntico en 2021 mediante la Ley N° 9.414, al señalar que "el presente proyecto retorna esa misma metodología, actualizándola a la situación tarifaria vigente". A su vez, se citan herramientas similares aplicadas en el país, como en Salta con la Ley N° 8.417 y la suspensión por 120 días del cuadro de EDESA; en Entre Ríos, donde el EPRE dejó sin efecto subas trimestrales en 2025; y en Tierra del Fuego, cuya Legislatura prohibió en 2026 los cortes invernales retrotrayendo valores tarifarios. Finalmente, el legislador concluye instando a brindar "una respuesta oportuna a los tucumanos frente al impacto del actual cuadro tarifario", y sostiene que "cuando las condiciones económicas extraordinarias ponen en riesgo la capacidad de una parte significativa de la población para afrontar su costo, el Estado no puede permanecer indiferente".